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Adecuación de pagos previsionales y blanqueo de capitales

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La administración Macri presentó un Proyecto de Ley para regularizar la millonaria deuda que el estado mantiene con los jubilados. La letra del Proyecto vincula la efectivización del pago, a un blanqueo de los capitales que posean argentinos al exterior. La iniciativa abre las puertas a una posible desarticulación del sistema previsional -estatizado en el año 2008- por medio de la venta de los activos que el Estado posee en el mercado de capitales. La movida del Gobierno se produce en momentos que –aunque invisibilizada por la prensa- avanzan investigaciones en torno a empresas no declaradas por el actual Presidente en paraísos fiscales.

El Proyecto debe ser tratado en el Parlamento donde cuenta con la negativa de la principal bancada opositora, el kirchnerista Frente para la Victoria. Asimismo, aliados internos de la fuerza de Gobierno y otros bloques opositores que hasta ahora han sido funcionales a la estrategia parlamentaria del Ejecutivo, cuestionan que ambas políticas –el pago a jubilados y el blanqueo de capitales- se traten en conjunto dentro de un mismo proyecto. Esta iniciativa es parte de un paquete de normas más amplio, donde se incluyen algunas reformas impositivas y también la ratificación de un reciente acuerdo firmado entre el Gobierno Federal y los estados subnacionales para modificar la coparticipación federal.

El sistema previsional argentino se modificó en la década de los noventas, cuando se instaló un esquema de capitalización privada. Con la llegada del kirchnerismo, el régimen previsional pasó nuevamente a manos del Estado y con él, los activos que poseían las empresas de capitalización privada en el mercado de capitales. De esa forma, el Estado se quedó con una relevante cartera de acciones en las principales empresas argentinas, lo que le permitió tener directores en las asambleas de accionistas.

Asimismo, con esos activos se conformó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por medio del cual se amplió sustancialmente la cobertura a los adultos mayores y se financiaron importantes programas sociales. En paralelo, la administración Kirchner aumentó sustancialmente los haberes de la base de la pirámide previsional, achatando la escala de ingresos. Esta situación era necesaria en términos sociales, pero resultó injusta para aquellos que percibían mayores haberes. En consecuencia, fue llevada a los estrados judiciales por un jubilado que obtuvo una sentencia firme por parte de la Corte Suprema. Es el conocido Caso Badaro, que no solo sustenta a otras 50 mil sentencias de readecuación salarial a favor de jubilados, sino que tiene pendientes otros 300 mil juicios similares.

El Gobierno argumenta que pagará las sentencias y readecuará los ingresos previsionales por medio de los ingresos que se generen con el blanqueo de capitales. Según el ministro de Hacienda, el Gobierno espera -al menos- que se exterioricen unos u$s 20 mil millones. Pero corresponde hacer una distinción estratégica entre el “stock” y el “flujo” que significará la adecuación de los pagos a jubilados. Esto es, habrá un pago retroactivo importante, pero también un aumento del peso del sistema previsional de aquí en más. Según el proyecto, quienes exterioricen tendrán una penalidad de entre el 5 y el 10%, dependiendo del monto de los activos declarados. Por tanto, el fisco recaudará por única vez un stock que utilizará para adecuar las jubilaciones. Como evidentemente, ese monto no alcanzaría para pagar los retroactivos, el proyecto del oficialismo estipula que se utilicen también las utilidades que obtiene la cartera de activos del Fondo de Sustentabilidad. Pero la adecuación de los ingresos de los trabajadores pasivos significa también un importante flujo anual, que se reflejará en un aumento del déficit fiscal que –el Gobierno estima- sería solo temporal.

Así las cosas, es probable que para pagar el nuevo flujo el Estado deba vender los activos del Fondo de Garantía Sustentabilidad, posibilidad que está explícitamente señalada en el proyecto que comenzará a tratar el Parlamento. Para ello, el titular de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) realizó un viaje a New York, con la intensión de explorar el interés en comprar las acciones que hoy están en manos del estado, por parte de diversos fondos de inversión. El paquete es atractivo. En muchos casos, significa más del 20% del paquete accionario de importantes bancos (Macro, Galicia), empresas de servicios (Telecom, Edenor), compañías energéticas (Pampa Energía) e industriales (Siderar, Aluar).

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Imagem (Fonte):

https://www.casarosada.gob.ar/images/201605/Macriconjubilados2-cropped.jpg

Guillermo Rodriguez Conte - Colaborador Voluntário (Argentina)

Licenciado en Ciencias Politicas (universidad de Buenos Aires) y con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales (universidad Di Tella). Analista regional con más de quince años de desempeño en consultoras de Brasil y Argentina. Actúa en las áreas de política, economía, relaciones externas y asuntos estratégicos de países sudamericanos. Docente de grado en la Universidad de Buenos Aires y de maestría en la Procuración del Tesoro de la Nacion (Argentina).

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