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[:pt]Argentina: El Gobierno se enreda más con las tarifas de servicios públicos[:]

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Los aumentos en las tarifas públicas, la rebelión de usuarios en los tribunales y un conjunto de desaciertos propios, conducen a la administración Macri a una incómoda posición, que acarrea costo político y de la cual no está claro cómo podrá salir. A diferencia de otras facetas que tiene el proceso de ajuste implementado por el nuevo Gobierno -como son la devaluación, la inflación, la apertura comercial, o el endeudamiento– el aumento a la energía eléctrica y el gas domiciliario tienen una inmediatez y materialidad que impacta en la sociedad al momento de tener que pagar dichos incrementos. También impacta en los índices de aceptación que tiene la actual gestión. Desde la Casa Rosada se continúa denunciando “la herencia recibida” de la anterior gestión y abonando horizontes promisorios. También recibe una inestimable protección mediática de los grandes grupos de comunicación.

La situación tiene algo de surrealista. La discusión se centra en torno a si el límite de un 400% de incremento en las tarifas de gas es -o no- la medida adecuada o la única posibilidad que tiene el Gobierno. Parece haber una cierta naturalización del porcentual de la suba, que es -por cierto- exorbitante. El impacto en los sectores populares, en las regiones frías del país y en las unidades productivas es relevante. Pero además, aparece desdibujada en la agenda social un asunto central y determinante: el plexo normativo ordena realizar audiencias públicas para discutir los aumentos tarifarios. Si bien el resultado de dichas audiencias no es vinculante, la ley es clara y no da lugar a interpretaciones y se basa en el Artículo 42 de la Constitución Nacional. 

Luego de anunciados los aumentos, hubo casi una rebelión de gobernadores y se produjeron las primeras medidas cautelares en los estrados judiciales para suspender los incrementos en unas siete provincias. Ese capítulo terminó con un anuncio del Gobierno: aplicar un tope de 400% de incremento en la tarifa del gas. La situación tuvo luego un giro cuando un tribunal de alzada analizó la cuestión de fondo y dictaminó la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía, argumentando que no se habían realizado previamente las audiencias públicas. En ese contexto, el Gobierno confirmó que apelaría el fallo a la Corte Suprema y volvió a modificar su decisión anunciando que el tope del 400% se daría sobre el total de las facturas y no sobre el precio del gas. Así las cosas, termina tomando una decisión claramente irracional, ya que el tope del 400% de aumento se aplicará aún si el consumo se multiplicara exponencialmente.

Los principales medios -insospechados de ser opositores- hablaron de desconcierto de los usuarios, improvisación y sucesión de desaciertos. El cuadro se completa con las palabras de varios funcionarios públicos que -aseguran- que se ha tomado el camino de la gradualidad y que están “aprendiendo todos del tema del gas”, confesión probablemente preocupante para la ciudadanía sobre la que pesa el costo de dicho aprendizaje. Incluso el presidente Macri reclamó el ahorro de energía y aseguró que “si en invierno estás en remera y en patas, es que estás consumiendo energía de más”. Por lo demás, la cuestión tarifaria parecería comenzar a abrir una grieta entre el ala más política del Gobierno y aquellos que -como el ex presidente de Shell y actual ministro de energía- provienen del ámbito empresarial y que la oposición califica como “CEOcracia”.

La Corte deberá decidir en torno a los incrementos. El Máximo Tribunal pidió detalles en torno a los aumentos instrumentados y en vistas que se inicia la feria judicial, pospuso el tratamiento del tema hasta el mes de agosto. Esto -en principio- descomprime la arista judicial para el gobierno que -igualmente- deberá afrontar la cuestión en términos políticos. Un dato que merece ser citado es que el titular de la Corte Suprema visitó al Presidente en la casa de Gobierno, encuentro que inicialmente funcionarios oficiales habían desmentido. Si bien a priori no sería algo cuestionable en términos de la institucionalidad de los poderes de la república, cualquier individuo involucrado en un proceso judicial vería con preocupación que el juez se reúna a solas con la contraparte con quien litiga en los estrados judiciales.

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Imagem (Fonte):

http://www.casarosada.gob.ar/gobierno-informa/36735-el-gobierno-puso-un-tope-del-400-por-ciento-a-las-subas-en-las-facturas-de-gas

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Guillermo Rodriguez Conte - Colaborador Voluntário (Argentina)

Licenciado en Ciencias Politicas (universidad de Buenos Aires) y con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales (universidad Di Tella). Analista regional con más de quince años de desempeño en consultoras de Brasil y Argentina. Actúa en las áreas de política, economía, relaciones externas y asuntos estratégicos de países sudamericanos. Docente de grado en la Universidad de Buenos Aires y de maestría en la Procuración del Tesoro de la Nacion (Argentina).

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