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[:pt]Corte Suprema decidirá en torno a los aumentos en gas y electricidad [:]

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Las tarifas en el servicio de gas y energía eléctrica podrían convertirse en un punto de inflexión de la gestión de Mauricio Macri. Los importantes aumentos anunciados a principios de abril generaron reclamos judiciales y protestas en diversos puntos del país. Pero a los recursos de amparo que mantenían suspendidos los aumentos en unas 7 provincias, se sumó un fallo judicial que entiende sobre la cuestión de fondo y anula las resoluciones que oportunamente habían puesto en vigencia los aumentos. Así las cosas –y ante el reclamo del Ejecutivo- será la Corte Suprema la que deba resolver sobre la vigencia de los aumentos. En paralelo, organizaciones de consumidores llamaron a realizar un cacerolazo, mientras un grupo de diputados presentó una iniciativa parlamentaria para diferir los aumentos y hacerlos graduales. Semanas atrás el presidente Macri le ratificó su confianza al ministro de Energía Aranguren, quien también se encuentra duramente cuestionado por la compra directa de gas a Shell, de quien fue el presidente de la filial argentina hasta pocos meses atrás.

Los incrementos -ahora suspendidos en el caso del gas- fueron sustanciales. En la región patagónica superaron el 800% para los usuarios residenciales y el 2.500% para los comercios. Resulta claro que un cambio tan abrupto en los costos hace probablemente inviable cualquier unidad productiva. Incluso en términos sociales el impacto resulta demoledor, ya que luego de los aumentos comenzaron a circular voces de -por caso- estaciones de bomberos voluntarios o clubes de barrios, imposibilitados de afrontar las nuevas tarifas. La rebelión popular y los cuestionamientos que se multiplicaron por toda la geografía del país hicieron que el gobierno anunciar a comienzos de junio un tope del 400%, lo que obviamente no calmó la situación que ahora desembocará en la Corte Suprema.

La cuestión tarifaria ha estado en el centro de la escena desde hace años. Con crisis política y devaluación de 2001, las empresas de servicios públicos privatizados reclamaban la dolarización de las tarifas, lo que fue rechazado sistemáticamente por el kirchnerismo. Posteriormente, la reactivación de la economía y el consumo tensionó la matriz energética. En ese contexto, la administración optó por mantener congeladas las tarifas e ir aumentando los subsidios a la energía, que se convirtieron en un agujero negro para el fisco. El argumento de la actual administración consistió en la necesidad de reducir los subsidios y -por tanto- que esos recursos no los ponga el estado, sino los consumidores. Sin embargo, distintos estudios sostienen que los aumentos de tarifas no significaron una reducción/ahorro del dinero que entrega el estado a las compañías que componen el sector energético.  

La última palabra en torno de los aumentos la tendrá la Corte Suprema. Es una incógnita qué decidirá, aunque queda claro que difícilmente los magistrados quieran coparticipar de costo político de una medida impopular que -además- impacta sustancialmente en el entramado productivo y en los sectores populares. Antes bien, la Corte podría estar atenta a las manifestaciones populares que, si se convierten en un cacerolazo medianamente extendido, podrían impactar en la adhesión que conserva el Presidente luego de seis meses de gestión.

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Imagem (Fonte):

http://www.elcomodorense.net/una-argentina-incendiada-tras-los-tarifazos/

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Guillermo Rodriguez Conte - Colaborador Voluntário (Argentina)

Licenciado en Ciencias Politicas (universidad de Buenos Aires) y con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales (universidad Di Tella). Analista regional con más de quince años de desempeño en consultoras de Brasil y Argentina. Actúa en las áreas de política, economía, relaciones externas y asuntos estratégicos de países sudamericanos. Docente de grado en la Universidad de Buenos Aires y de maestría en la Procuración del Tesoro de la Nacion (Argentina).

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