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Una protesta masiva rechazó el reciente fallo de la Corte Suprema, que ordena poner en libertad a un represor de la última dictadura, preso por delitos de lesa humanidad. La decisión del Máximo Tribunal dio un fuerte giro en la agenda política. El volumen de los manifestantes –medio millón, según los organizadores- probablemente quede en la historia. Tanto es así, que el Parlamento votó por unanimidad una ley que prohíbe la aplicación de este tipo de beneficio a quienes estén preso por delitos aberrantes y parte del poder judicial virtualmente se sublevó rechazando la postura de la Corte. El derechista partido presidencial PRO debió recalcular sus dichos y actos para no quedar offside en un tema socialmente tan sensible en la carrera a las parlamentarias.

La denominada “Ley del 2×1” fue una norma vigente entre los años 1994 y 2001 por medio de la cual se les reducía la condena a presos sin sentencia firme. En una votación dividida, la Corte decidió avalar el pedido de este represor que -reclamaba- se le aplique el criterio de la ley más benigna. El problema -y de allí lo amañado del pronunciamiento judicial- es que la detención del represor ocurrió luego de derogada la norma, razón por la cual nunca estuvo detenido con el 2×1 en vigencia. Por lo demás, el plexo normativo vigente al día de hoy prohíbe la aplicación de reducciones para delitos de lesa humanidad.

Entre la multiplicidad de aristas que tiene este tema, hay una de carácter trascendental y que se irá conociendo con el transcurso del tiempo. La legitimidad de los jueces de la Corte queda fuertemente dañada, lo que no es poco para las instituciones de La República. El fallo es poco sustentable en términos jurídicos e incluso desoye tratados internacionales firmados por el país que -según el plexo normativo argentino- tienen rango superior a las leyes. Sectores de la oposición calificaron al fallo como un mamarracho y reclaman enjuiciar a los magistrados. El fiscal público que tiene a su cargo la causa iniciada por un particular argumenta que la posición de los jueces de la Corte, “podría contrariar el contrato social” de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.

Cabe destacar que dos de los tres votos que avalaron la aplicación del 2×1, son jueces propuestos por el actual Presidente al inicio de su mandato y que ya fueron parte de una situación escandalosa, cuando el flamante presidente intentó hacerlos ingresar en forma irregular al Máximo Tribunal. Si se tiene en cuenta que la Corte Suprema tiene 5 bancas; que los tres que votaron a favor del 2×1 quedaron tildados como una mayoría automática a favor del Presidente; y que uno de los otros dos está en una batalla judicial contra la principal candidata de Cambiemos (Elisa Carrió), no queda claro la sobrevida del Máximo Tribunal.

Otro de los aspectos centrales es cómo quedará parado el gobierno, al que muchos califican como el instigador del fallo. Si bien varios funcionarios -e incluso el propio Presidente- se manifestaron en contra del 2×1, lo cierto es que desde el gobierno de Cambiemos vienen militando a favor de revisar el proceso de memoria y justicia que -lejos de ser un patrimonio del kirchnerismo- configura el mainstream de lo que considera la sociedad argentina en torno a la violencia institucional encarnada en el Terrorismo de Estado de los setentas. La administración Macri continúa esforzándose para retomar la iniciativa política luego de los escándalos por conflicto de intereses de febrero y las multitudinarias manifestaciones que se sucedieron en marzo.

La aplicación del 2×1 sitúa al Gobierno en la necesidad de salir a explicar que no está a favor de la medida, cosa difícil de sostener luego que el propio Macri haya calificado a los 70’s como una guerra y no como Terrorismo de Estado, haber intentado eliminar el feriado conmemorativo del 24 de marzo, haber cuestionado el número de desaparecidos y haber tenido una controvertida foto de su bloque de diputados oficialista asimilado como “negocios” los reclamo por derechos humanos. Quizá el único aliciente para la administración sea que el escándalo, ha eclipsado temporalmente la agenda política y económica que tiene por el suelo el consumo, por las nubes la inflación y en el desencanto a buena parte de quienes hicieron Presidente a Mauricio Macri.

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Fuentes de las Imágenes:

Imagen 1 El pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, emblema de los derechos humanos en Argentina” (Fuente):

https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo#/media/File:Madres_de_Plaza_de_Mayo_(1).jpg

Imagen 2 ExESMA, principal centro clandestino de detención durante la dictadura” (Fuente):  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Mec%C3%A1nica_de_la_Armada#/media/File:Espacio_Memoria_y_DDHH_-_Edificio_Cuatro_Columnas_2.JPG

Imagen 3 Juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti” (Fuente):  

https://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Rosatti#/media/File:Horacio_Rosatti.jpg

Imagen 4 Juez de la Corte Suprema Rosenkrantz” (Fuente):  

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Rosenkrantz#/media/File:Rosenkrantz_juez.jpg

Imagen 5Presidente Mauricio Macri ingresando a la Casa Rosada” (Fuente):  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Mauricio_Macri#/media/File:Macri_ingresando_a_trabajar.jpg

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Guillermo Rodriguez Conte - Colaborador Voluntário (Argentina)

Licenciado en Ciencias Politicas (universidad de Buenos Aires) y con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales (universidad Di Tella). Analista regional con más de quince años de desempeño en consultoras de Brasil y Argentina. Actúa en las áreas de política, economía, relaciones externas y asuntos estratégicos de países sudamericanos. Docente de grado en la Universidad de Buenos Aires y de maestría en la Procuración del Tesoro de la Nacion (Argentina).

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