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El Proyecto de Ley que instala la Emergencia Social obtuvo el aval del Senado argentino y espera ser tratado en Diputados. La iniciativa presentada por parlamentarios opositores tuvo un importante apoyo de organizaciones sociales y sindicales, que mostraron su capacidad de movilización en un multitudinario acto frente al Congreso Nacional. Desde el oficialismo se rechazó la iniciativa y buena parte de la energía de La Rosada está puesta en cómo evitar que el proyecto se convierta en ley y obligue a un nuevo veto presidencial.

El multitudinario acto da nota de una reconfiguración de la protesta en las calles. En un contexto de empeoramiento de los indicadores sociales y con la existencia de un gobierno no peronista, la organización de la manifestación estuvo por cuenta de los sindicatos y las organizaciones sociales. Esta situación resulta altamente novedosa.

Habitualmente, los sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo han atendido solo a sus representados. Esto es, trabajadores regularizados. El aumento de la conflictividad social de la década de los noventas, la crisis de 2001 y -en términos más generales- la reconfiguración sociolaboral de Argentina consolidó a los movimientos sociales como actores centrales de la protesta. Lo novedoso es ahora la confluencia de los tradicionales sindicatos y los emergentes: trabajadores informales, organizaciones sociales etc. 

En pocas palabras, el Proyecto de Ley declara la emergencia en materia social por el término de un año, y ordena una expansión gradual de planes sociales y un aumento excepcional para la emblemática Asignación Social por Hijo (AUH). El proyecto que burdamente fue catalogado como kirchnerista por el oficialismo, fue presentado por un Senador de esa fuerza opositora, junto con otro legislador no peronista. Y no solo eso, fue aprobado por todo el espectro político a excepción del Frente Cambiemos.

En la Cámara de Diputados la coalición de gobierno intentará jugar la misma estrategia que le resultó útil en este primer año de gobierno: seducir a los segmentos “opo-oficialistas”. Esto es, agrupaciones formalmente opositoras -como el Peronismo Federal o el Frente Renovador- pero que en la práctica votan junto con Cambiemos. Sin embargo, parece improbable que quienes responden a La Rosada logren avales opositores.

Todo indica que se repetirá la situación registrada en abril último cuando el Parlamento aprobó la emergencia ocupacional y Mauricio Macri decidió vetarla. A diferencia de aquel momento, el oficialismo cuenta con una -pírrica- ventaja: el tiempo. Faltando menos de un mes para que terminen las sesiones ordinarias del Parlamento, el oficialismo aspira a que la iniciativa no sea tratada antes del día 10 de diciembre, para que pierda el estado parlamentario. Si finalmente el arco opositor vota la iniciativa en Diputados, el Gobierno se verá obligado a vetar la ley.  

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ImagenCasa Rosada Aspecto actual con la nueva reja artística” (Fonte):

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Congreso_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina#/media/File:Buenos_Aires_-_Palacio_del_Congreso_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina_-HDR-_1.jpg

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Guillermo Rodriguez Conte - Colaborador Voluntário (Argentina)

Licenciado en Ciencias Politicas (universidad de Buenos Aires) y con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales (universidad Di Tella). Analista regional con más de quince años de desempeño en consultoras de Brasil y Argentina. Actúa en las áreas de política, economía, relaciones externas y asuntos estratégicos de países sudamericanos. Docente de grado en la Universidad de Buenos Aires y de maestría en la Procuración del Tesoro de la Nacion (Argentina).

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